El sismo político bonaerense y la larga marcha hacia las elecciones del 26-O

Por Aníbal Torres (*) y Franco Della Vella (**)

“…resulta elemento esencial de la democracia efectiva la adopción de un método especial de selección de dirigentes entre la colectividad de los dirigidos.

Ese método es la elección.”

(Hans Kelsen, 1920). 

“El estudio del poder debe partir de la multiplicidad de escenarios donde éste se ejerce, pues el sistema político nacional es solo uno

entre varios ámbitos de decisión y conflicto.”

(Robert Dahl, 1971).

Los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, realizadas el pasado 7 de septiembre, produjeron efectos significativos sobre el tablero político nacional. Sus consecuencias aún son difíciles de dimensionar en su totalidad. En lo que constituye el proceso electoral del cumplimiento del primer cuarto del siglo XXI, el próximo 26 de octubre los argentinos tendremos una nueva oportunidad de elegir a nuestros representantes para el Congreso de la Nación. Se trata de unos comicios de medio término atravesados por la polarización afectiva, la fragmentación de la oferta electoral, la emergencia de nuevos espacios -frentes y coaliciones-, y una crisis económica acompañada de un marcado deterioro en la confianza gubernamental. De no mediar la particularidad del desdoblamiento electoral bonaerense, la última oración de este párrafo podría, sin dificultad, describir el contexto en el que se han desarrollado la mayoría de las elecciones en la República Argentina durante las últimas décadas.

Nuestra reflexión se inspira en la literatura sobre estudios electorales, análisis político y teoría política. La misma se estructura en cuatro secciones: En primer lugar, repasamos la elección bonaerense del 7 de septiembre (7-S), con especial atención al comportamiento político-electoral tanto de las élites partidarias (destacando la decisión del gobernador Axel Kicillof), como del electorado provincial. En segundo término, examinamos tanto los efectos inmediatos que supuso dicha elección, como la administración y gestión del proceso electoral nacional, en medio de dificultades para el oficialismo, como el affaire vinculado al diputado nacional José Luis Espert (La Libertad Avanza). En tercer lugar, plantemos algunas directrices para interpretar el panorama político y electoral nacional rumbo a la elección del 26 de octubre (26-O), a partir de la configuración de un escenario singular, atravesado por la ruptura en las expectativas y la expansión territorial del partido gobernante (incumbent). Finalizamos nuestro recorrido proponiendo algunos interrogantes.

 

La elección bonaerense: riesgo y acierto de “el principito”

Como ya señalamos anteriormente, en el desdoblamiento bonaerense no se podía aislar la decisión sobre la gobernanza electoral provincial de los intereses de las elites partidarias (Della Vella y Torres, 2025). Esa medida constituía, concretamente, un “síntoma” que revelaba la manera en que el liderazgo del peronismo procesaba sus profundas tensiones internas. Si bien esta cuestión parece haberse encaminado hacia una resolución relativamente clara -aunque aún no definitiva-, la administración y gestión del proceso electoral subnacional se situó en el centro de las argumentaciones y disputas públicas previas.

                                                                                                                                                      

En efecto, la organización de los procesos electorales conlleva una sensibilidad institucional extrema (Tullio, 2004). La producción y aplicación de las reglas del juego democrático y la resolución de las controversias, supone dotar de certidumbre institucional a un proceso masivo, compuesto por múltiples actores y etapas, concatenadas mediante controles cruzados y responsabilidades compartidas, cuyo objetivo principal es administrar la desconfianza (Escolar, 2010) y garantizar la incertidumbre de los resultados (Przeworski, 2019). Con frecuencia, estas cuestiones pasan desapercibidas -y es deseable que así sea-, porque, como suele decirse, si la gestión de los comicios sale relativamente bien, la gobernanza electoral no es noticia.

En este sentido, gracias al trabajo de la Junta Electoral bonaerense, en coordinación con el Ministerio de Gobierno de la Provincia, la Justicia Federal con competencia electoral en el distrito, las autoridades del Correo Argentino y las fuerzas de seguridad, la gestión de los primeros comicios realizados de manera íntegramente autónoma no se convirtió en “la noticia” de la velada del 7-S. Lo verdaderamente novedoso, aquello que sacudió las placas tectónicas de la política argentina, fueron los resultados conocidos esa misma noche.

Ya en la década de 2010, Schiumerini y Page (2012) advirtieron sobre los efectos de la “cancha inclinada” que implicaba competir frente a los oficialismos provinciales, con la consecuente disminución de la competitividad y de los niveles de alternancia en el ámbito subnacional. En la provincia de Buenos Aires, todo indica que se tomó nota de esas advertencias. Desde el punto de vista de la oferta electoral (Lipset, 1967), la decisión de desdoblar estuvo acompañada por un notable despliegue territorial de los intendentes del conurbano bonaerense, particularmente en las populosas primera y tercera secciones electorales. En dichos territorios, los alcaldes pusieron, por decirlo con una expresión popular, “toda la carne al asador”: capitalizaron sus diferenciales de imagen positiva, movilizaron funcionarios, empleados municipales, vehículos, obras públicas, punteros y, sobre todo, su conocimiento local y la capilaridad territorial (Simpson, Campos y Paolucci, 2025). La singularidad de las nuevas “boletas cortas” de dos cuerpos (seccionales y municipales), producto del desacople electoral respecto de los cargos legislativos nacionales, ofreció un escenario propicio para que los jefes comunales realizaran entradas estratégicas (Cox, 1997) y encabezaran las boletas locales, impulsando las listas seccionales mediante un efecto arrastre invertido (reverse coattail) a partir de contundentes victorias en sus municipios -entre ellos, Avellaneda, Ensenada, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y Pilar-.

El juego en escalas (Mauro, Paratz, Vaca Narvaja y Ortiz de Rozas, 2016) de la elección bonaerense se configuró de tal modo que, en la mayoría de los municipios gobernados por el peronismo, la contienda se municipalizó. Los intendentes (también conocidos como “mini gobernadores”) concentraron sus esfuerzos en plebiscitar sus gestiones (Campbell et al., 1960; Key, 1966; Fiorina, 1981), mientras los candidatos seccionales buscaron proyectar su pertenencia territorial y polarizar, principalmente, con La Libertad Avanza (LLA) y el líder este espacio, el presidente Javier Milei. Los llamados “sin tierra” -dirigentes que no gobiernan distritos- reprodujeron estrategias similares, y desde el propio Gobierno Nacional se intentó plebiscitar su desempeño en territorio bonaerense. En conjunto, ello contribuyó a estructurar un juego multiescalar particularmente desfavorable para las aspiraciones libertarias. Siguiendo los aportes de George Tsebelis (1990), estos comportamientos pueden definirse como “juegos anidados”: los actores políticos no actúan en un solo nivel, sino en múltiples arenas simultáneas y entrelazadas, donde las estrategias y los resultados de una inciden sobre las demás. En sus términos, un juego anidado implica que las decisiones de los actores se toman considerando tanto el juego inmediato como otros más amplios o paralelos. Así, se delineó un escenario en el cual la inseguridad no se erigió como un issue preponderante (Berelson, Lazarsfeld y McPhee, 1954); por el contrario, dos factores singulares permitieron pivotear entre la municipalización y la nacionalización de las campañas -en plural-: a) el poderío territorial de los intendentes empoderados por el desdoblamiento, y b) la mala imagen del Gobierno Nacional, agravada por la crisis económica y los escándalos de corrupción.

Al focalizar en la demanda del electorado, también se advierten transformaciones significativas, tanto para el peronismo de Fuerza Patria (FP, ex Frente de Todos) como para el oficialismo nacional de LLA -ahora aliado a Propuesta Republicana (PRO)- en territorio bonaerense. Ernesto Calvo (2013) caracterizó al peronismo por dos fenómenos: la estabilidad del voto y la inestabilidad de sus élites partidarias. Los sufragios provenían de los mismos segmentos socioeconómicos -medios bajos y bajos-, con independencia de su desempeño, mientras la sucesión de las élites era constante, alternando entre sindicalistas, renovadores, renodoxos (Ferrari y Mellado, 2016) y, más tarde, kirchneristas; en términos de Torre (2013), un alma permanente y un corazón contingente.

Ese proceso se mantuvo desde la recuperación democrática hasta la publicación de dicho estudio. Sin embargo, la elección presidencial de 2023 -diez años después- obligó a matizar tales apreciaciones: el peronismo conservaba las mismas élites luego de más de dos décadas, pero había experimentado una marcada inestabilidad en la configuración social de su electorado. Perdió apoyo entre los sectores medios bajos, bajos y, especialmente, entre los jóvenes, captados por Javier Milei y LLA. A contramano de la tesis de Calvo (2013), se observaba cierta estabilidad en las élites, pero inestabilidad en el voto. Un gobierno con magros resultados económicos, las transformaciones del mundo laboral pospandémico y el fenómeno del mejorismo (Semán, 2023) habían erosionado su tradicional base de sustentación.

Si consideramos los resultados del 7-S, este argumento puede, al menos provisionalmente, ponerse en pausa. Un informe post-electoral del Instituto Universitario del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) -presidido por los jesuitas Rodrigo Zarazaga y Daniel Hernández- muestra cómo se ha “normalizado” la sociología del voto peronista en el conurbano bonaerense y cómo el voto de La Libertad Avanza se ha “fusionado” con el de las derechas tradicionales, particularmente con el del PRO. El Gráfico 1 ilustra la correlación entre los resultados electorales obtenidos por FP y LLA en los 24 municipios del conurbano bonaerense, y los niveles de pobreza, según un índice de calidad de vida elaborado por el propio CIAS. Cabe recordar que la correlación no implica necesariamente causalidad, sino que permite observar cómo dos variables se mueven conjuntamente -en este caso, el porcentaje de votos por circuito electoral y los niveles de pobreza-. La imagen resultante es elocuente: a medida que aumentan los niveles de pobreza (eje X), crece el porcentaje de votos obtenidos por FP (eje Y). En cambio, el comportamiento electoral de LLA se presenta invertido, evidenciando la pérdida de la transversalidad que la caracterizó durante el año 2023.

Un paréntesis merece el abstencionismo, dado que aún constituye una incógnita el comportamiento de aquellos electores desilusionados con la propuesta libertaria que, según estimamos, optaron por no asistir a las urnas. Tal decisión podría interpretarse como una forma de desafección democrática en sentido específico (Easton, 1975). Esto no es exclusivo del ámbito bonaerense (pues, excepto en la elección ejecutiva de Corrientes, la abstención se dio, en mayor o menor medida, también en otras provincias) y, según entendemos, es producto del deterioro del desempeño político y económico del oficialismo nacional y de una acumulación de derrotas colectivas que precede al actual Gobierno. Asimismo, surge entonces la pregunta: ¿podría LLA recuperar la transversalidad que la definió en sus inicios? Por el momento, los resultados del 7 de septiembre indican que no fue así.

 

Gráfico 1

 

Fuente: CIAS (2025).

 

Vale recordar que en El Príncipe, una de las obras más célebres sobre la naturaleza del poder y los misterios que lo rodean, el pensador florentino Nicolás Maquiavelo (1513) identificó una tríada de factores que todo político debía considerar si aspiraba al éxito: la necesidad (necessità), la virtud (virtù) y la fortuna. El primer concepto alude a las circunstancias que imponen determinadas condiciones y obligan a los líderes a tomar decisiones trascendentales, a esos límites que definen contextos singulares. La virtud, por su parte, refiere a la capacidad y habilidad política de los dirigentes para sobreponerse a las adversidades y moldear las instituciones según su voluntad; es el talento para producir orden y recrearlo (Schmitter y Blecher, 2022). Finalmente, la fortuna representa el azar, aquello que depende pura y exclusivamente de la suerte: lo imprevisto, lo contingente. Para el asesor de los Médici, del equilibrio entre estos tres elementos dependía el éxito político, a partir también de extraer ciertas regularidades registradas en la historia para, fundamentalmente, delimitar el influjo del azar: He ahí la fundación del pensamiento político moderno, más allá de las implicancias de otros postulados maquiavelianos respecto al vínculo con la moral y la religión. 

Ahora bien, a riesgo de ser simplistas, supongamos por un momento que estos señalamientos pueden aplicarse al caso bonaerense. Así, podríamos afirmar que el gobernador Axel Kicillof (una suerte de “principito”), se vio en la necesidad de desdoblar la elección local para disputar la conducción del peronismo; tuvo la virtud de acertar en dicha estrategia y en sus resultados; y contó con la fortuna de atravesar una campaña signada por resonantes denuncias de corrupción opositora -el caso $LIBRA, las contrataciones en el Banco Nación, las irregularidades en la Obra Social de los Peones Rurales y las coimas del 3% en ANDIS-, en un contexto socioeconómico marcadamente desfavorable para el partido violeta. En un reconocido ensayo sobre el determinismo científico, el filósofo austríaco Karl Popper (1966) introdujo una distinción sugestiva entre dos formas de temporalidad: el “tiempo del reloj”, asociado a lo medible, programado y previsible -como un calendario electoral-, y el “tiempo de las nubes”, caracterizado por la indeterminación, la contingencia y la imprevisibilidad. En la provincia de Buenos Aires, finalmente, las nubes terminaron acompañando al reloj.

 

La elección nacional: entre el cimbronazo bonaerense, nuevas dificultades y aspectos curiosos

La misma noche de la elección en el distrito más poblado del país, el propio presidente Milei reconoció la dura derrota sufrida en las urnas y horas después convocó a su gabinete a la Casa Rosada. La medida de restituir el Ministerio del Interior, la cartera que a lo largo de la historia sirvió como correa de transmisión entre el Ejecutivo Nacional y los Gobernadores (Gené, 2019) y la estrategia electoral de “hacer bajar a los territorios” al Presidente (una expresión que denota en sí misma la concepción de una política hecha posiblemente “para” la gente pero no “con” la gente), se fueron dando en simultáneo con tres hechos adversos para el oficialismo nacional: por un lado, las derrotas en el Congreso para los vetos presidenciales a leyes de áreas de políticas públicas altamente sensibles para gran parte de la población (como las coberturas por discapacidad, la emergencia en salud pediátrica y el financiamiento para las universidades). Por otro lado, las presiones sobre el esquema cambiario, que el Gobierno defiende “a capa y espada”, a costa de solicitar con periodicidad auxilios al exterior, particularmente a la administración republicana de Donald Trump y, por extensión, al Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, la escalada de la denuncia pública del financiamiento irregular de la campaña del diputado José Luis Espert por parte de sectores vinculados al narcotráfico. Como es sabido, el caso del economista libertario terminó con la renuncia del mismo a su candidatura a renovar su banca y a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.

Por si fuera poco, el affaire que tuvo como protagonista a “el profe”, impactó en la gobernanza electoral, puesto que al verse obligado a bajar su candidatura, surgió la cuestión no menor de qué hacer con las boletas únicas en papel (BUP) que ya estaban impresas y a punto de ser distribuidas hacia los locales de votación. Pese a las intenciones del oficialismo, que impulsó la reimpresión de las BUP del distrito bonaerense (lo que hubiese implicado un gasto adicional de $14.000 millones) para que en lugar del “pelado” Espert figurase el “colorado” Diego Santilli, tanto el Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata, como la Cámara Nacional Electoral denegaron tal planteo. Paradójicamente, el propio oficialismo, que impulsó la sanción de la BUP (en reemplazo de la boleta partidaria tradicional) reconoció a través de la Ministra de Seguridad y candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, que en la ley de la BUP no se contempló qué hacer ante los casos de renuncias o fallecimientos de algún candidato.           

Pero más allá de la situación generada a partir del affaire Espert, resulta por lo menos curioso lo concerniente a los recursos públicos destinados a cubrir todo el proceso electoral 2025 (que, a diferencia del de 2023, solamente tiene la instancia del 26 de octubre) y la forma de realizar las contrataciones.  

Según trascendió en la prensa -y a partir de lo publicado en el Boletín Oficial-, el costo total de la elección legislativa 2025 asciende $395.133 millones (cuando originalmente se pensaban destinar $326.905 millones, incluyendo las elecciones PASO, que luego fueron suspendidas). De ese monto, el contrato con el Correo Argentino asciende a $223.006 millones. A dicha agencia se le delegó tanto la contratación del escrutinio provisorio y transmisión de telegramas (que realizará la empresa española Indra, por $21.000 millones más IVA), como la contratación para la impresión de 44 millones de boletas full color, por $40.ooo millones (repartidos entre cinco imprentas, sobre todo Boldt y Artes Gráficas del Litoral).

Los reparos no sólo surgieron por la inversión realizada en materia electoral para este año (cuando en el proceso electoral de 2023 se destinaron $422.537 millones, pero para las elecciones PASO, Generales y Balotaje, ver nota n°1), sino también por el mecanismo de “licitaciones privadas”, propiciado por el Ejecutivo Nacional y que no tuvo en cuenta instancias como audiencias públicas, como se hizo en 2021 y 2023 (Serra, en La Nación, 3/08/2025; Amiconi, en La Nación, 13/08/2025; Jastreblansky, en La Nación, 13/08/2025)

Estos aspectos nos llevan a la siguiente consideración: por un lado, es verdad que poner la mirada en el costo de las elecciones cae en el equívoco del reduccionismo, por no atender a lo que significan los comicios para el sistema democrático. Además, la adopción del sistema de la BUP hace previsible una logística más compleja, en tanto que el Estado Nacional se hace cargo de la provisión de las boletas (vale decir, garantizar la oferta electoral). Sin embargo, por otro lado, así como en su momento se advirtió que la BUP resultaría más costosa que el tradicional sistema de boletas partidarias, no se puede renunciar a la integridad electoral en todas las fases del proceso (Nohlen, 2015), más aún en momentos donde el oficialismo ajusta los fondos para áreas sensibles de políticas públicas.   

       

En la recta final

A pocos días de la elección legislativa, surge una primera pregunta: ¿Cómo se encuentra el Gobierno Nacional encabezado por La Libertad Avanza? Al respecto, es de destacar la pérdida de uno de sus activos más significativos: el anclaje en la opinión pública y las expectativas. De hecho, se habla incluso de una suerte de pérdida del “aura electoral” del propio Milei (Navarro, Varetto, Palumbo y Zonzini, 2025). Diversos informes de consultoras especializadas -tales como Analogías, Management & Fit y Zuban & Córdoba, entre otras- han destacado esta pérdida de capital político a partir de una disminución considerable en los niveles de aprobación gubernamental. Los Gráficos 2, 3 y 4 muestran la separación, cada vez más notable, de las líneas de tendencia que indican los niveles de apoyo a la gestión nacional.

 

Gráfico 2

 

Fuente: Analogías (2025).

Gráfico 3

Fuente: Management & Fit (2025).

Gráfico 4

Fuente: Zuban y Córdoba (2025).

Desde sus inicios, y dada su reducida base de sustentación política -sin gobernadores propios, con escasa representación legislativa y nula implantación territorial-, LLA optó por gobernar apoyándose, principalmente y como afirmamos, en la opinión pública y un doble triángulo: uno institucional, sustentado en decretos, vetos y la lógica del tercio legislativo; y otro político, conformado por Javier Milei, la hermanísima y el estratega Santiago Caputo. De cara al proceso electoral bonaerense y al nacional en curso, fue precisamente este último quien intentó impulsar la construcción de una coalición electoral y/o gubernamental multinivel (Cruz, 2015), con la vocación de integrar intendentes y gobernadores del radicalismo y del PRO, con el propósito de dotar al oficialismo de una base de gobernabilidad más sólida. Según ese diseño, se preveía el respeto a los territorios políticos ajenos, la asignación de cargos en el gobierno nacional y la articulación de acuerdos legislativos posteriores. Acordando entre bambalinas, en dicho esquema se buscaba mantener la confrontación pública y mediática con la llamada “casta” a fin de conservar la narrativa constitutiva y asegurar el poder de agenda (McCombs & Shaw, 1972). En términos del célebre estadista británico Lord Palmerston (1784-1865), la estrategia respondía al principio de to concede in order to preserve: ceder para conservar.

No obstante, la posición defendida por el denominado “mago del Kremlin” en su versión criolla no prosperó. El progresivo deterioro del vínculo entre los hermanos Milei y Caputo derivó en una serie de traspiés que erosionaron la viabilidad de aquella estrategia política multinivel (Escolar, 2011). A ello se sumó la creciente subordinación de la política económica a criterios de naturaleza estrictamente financiera y la persistencia de un enfoque de gobernabilidad basado en la disrupción caótica (Da Empoli, 2025), la coerción y la humillación del adversario, reforzando y replicando patrones dogmáticos de los primeros meses de gestión. Para los sectores más duros del oficialismo -los denominados “halcones” libertarios- no era el momento de inaugurar una fase de concesiones tácticas: el camino, sostenían, debía ser el de la profundización del rumbo inicial, el de la consolidación del modelo. El resultado, al menos en esta etapa, parece confirmar los riesgos de tal enfoque. Como advirtió lúcidamente Aníbal Pérez Liñán (2013), el sistema político argentino se caracteriza por la recurrencia de ciclos breves y dramáticos de acumulación y disolución del poder presidencial, que suelen agotarse endógenamente como consecuencia de las mismas estrategias que garantizan su éxito inicial. Es precisamente este fenómeno el que, todo indica, atraviesa hoy el presidente Javier Gerardo Milei.

Los estudios pioneros sobre el comportamiento electoral (Downs, 1957; Stokes, 1963; Key, 1966; Fiorina, 1981; Powell, 1982), en particular aquellos vinculados con la teoría del voto económico, han destacado la relevancia de las expectativas de los votantes respecto del desempeño gubernamental como elemento central en los procesos de premio o castigo hacia los incumbentes. En dichas aproximaciones, la atribución de responsabilidades por las políticas adoptadas constituye asimismo un factor decisivo. En función de estos desarrollos teóricos, los electores no sólo juzgan los resultados de la gestión pasada -voto retrospectivo-, sino también las perspectivas de desempeño futuro -voto prospectivo-. A su vez, tales evaluaciones pueden orientarse tanto por las condiciones socioeconómicas generales del país -voto sociotrópico- como por la situación económica personal de los individuos -voto egotrópico-.

El análisis conjunto de los informes recientemente elaborados por diversas consultoras, complementado con trabajos como el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que se adjunta en el Gráfico 5, permite advertir la encrucijada en la que se encuentra actualmente el Gobierno Nacional: la coexistencia de una percepción social ampliamente negativa sobre el presente -tanto en términos personales como colectivos- y el derrumbe de las expectativas respecto de la promesa de redención económica que impulsó su llegada al poder.

 

Gráfico 5

 

Fuente: ICG de la Universidad Torcuato Di Tella (2025).

Con cierta ironía podría sostenerse que las responsabilidades ya no recaen sobre la gestión anterior, que el ajuste en curso se caracteriza por una notoria falta de empatía social y que el rumbo económico parece conducir, sin dirección clara, hacia un inminente naufragio. A ello se suma una creciente percepción de corrupción dentro del propio oficialismo, a partir de las denuncias que ya referimos. La combinación entre crisis económica y ruptura del contrato moral -dimensión constitutiva de los populismos, según Mudde y Rovira (2017)- configura un escenario de fragilidad política e institucional, que sólo parece evitar un desenlace crítico gracias al sostén político, financiero, pero por sobre todo simbólico, circunstancial y pragmático de los nuevos depredadores políticos y tecnológicos globales (Da Empoli, 2025): Trump, Scott Bessent, Elon Musk y Sam Altman, y otras instituciones no tan nuevas como la tradicional tecnocracia del Fondo Monetario Internacional, siempre dispuesta a ofrecer concesiones cuando de Argentina se trata. No obstante, es ilusorio pensar en una supuesta incondicionalidad del apoyo de tales actores al “disciplinado alumno” del cono sur. La salida de la crisis de 2001 mostró que “en las malas”, los poderosos y sus organismos no suelen estar del lado del país y su población, sobre todo de los más vulnerables.  

Una segunda pregunta que nos hacemos es: ¿Qué ocurre por el lado de la oposición? Aquí focalizamos en otro factor estabilizador del sistema político argentino -aunque de alcance local y de largo plazo-: el peronismo (Abal Medina, 2022). No solo por los recelos locales y sus resonancias globales que activan, movilizan y posibilitan la articulación política, social y económica de un polo no peronista, sino también por su papel en la configuración de las ofertas electorales que operan como ejes ordenadores del comportamiento político, agrupando a unos de un lado y a otros del otro. Cabe señalar, sin embargo, que dichos alineamientos se desarrollan en escenarios cada vez más incongruentes (Clerici, 2015) fragmentados y territorializados (Calvo y Escolar, 2005). En este sentido, la constitución de las veinticuatro ofertas provinciales se erige como un vector central para el análisis de los posibles resultados del próximo 26 de octubre; los porcentajes de participación y ausentismo electoral y los votantes indecisos deben complementar la apreciación general.

En un escenario electoral que se perfila polarizado a nivel nacional entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria (FP), resulta pertinente señalar que el peronismo nucleado en FP no se presenta de manera uniforme en todo el territorio argentino, a diferencia de LLA, que sí mantiene una denominación homogénea en los 24 distritos. En el caso de FP, la falta de correspondencia se explica tanto por la competencia separada de los partidos justicialistas provinciales como por la adopción de etiquetas locales afines, tales como “Fuerza Entre Ríos” o “Frente de la Victoria” en Formosa. Situaciones similares se registran en Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán, alcanzando así 13 de los 24 distritos del país. De este modo, la tasa de coincidencia nominal del principal frente opositor a nivel nacional asciende apenas al 45,83%, mientras que LLA presenta una coincidencia del 100%, consolidando su etiqueta partidaria (Cox, 1997) en todo el territorio nacional.

En este sentido, no es causal que haya surgido una controversia por la estrategia que se utilizará para difundir los resultados del escrutinio provisorio del domingo 26, decisión que depende de la Dirección Nacional Electoral (DINE), a partir de los datos procesados por la empresa Indra. Según cómo se haga la sumatoria de los votos de la principal fuerza opositora (el justicialismo), dependerá la interpretación de los resultados de la noche del 26-O (Perfil, 19/10/2025).

Otra particularidad relevante de esta elección es que La Libertad Avanza (LLA) presenta una oferta electoral unificada y en alianza con gobiernos provinciales únicamente en 4 de los 24 distritos del país —Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos y Mendoza—, mientras que compite abiertamente con 19 gobernadores, tanto del polo peronista como de espacios no peronistas. Un caso especialmente singular es el de San Luis, donde el gobernador provincial decidió retirar a su frente político de las elecciones nacionales, luego de que la Casa Rosada retirara su respaldo a las listas libertarias en el ámbito local, evidenciando acuerdos multinivel.

 

Algunos interrogantes

Al culminar nuestro itinerario, consideramos pertinente señalar una serie de interrogantes que atraviesan el actual proceso comicial en términos de comportamiento electoral, especialmente en sus dimensiones identitarias, geográficas, etarias y socioeconómicas. Entre ellas, cabe preguntarse: ¿qué impacto tendrán los recientes escándalos de corrupción sobre los votantes liberales-republicanos que respaldaron a Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales de 2023? ¿Dicho efecto será homogéneo en todos los distritos o se observarán variaciones territoriales significativas? ¿Cómo se comportará en esta ocasión el electorado de mayor edad y la denominada Generación Z? Asimismo, ¿la “normalización” del voto peronista, observada según el estudio del CIAS en la provincia de Buenos Aires, se replicará de manera semejante en el conjunto del país? Sobre el debut a escala nacional de la BUP, ¿habrá un mayor porcentaje de votos nulos y en blanco? ¿Cuáles serán los efectos cognitivos sobre los electores?

Son, en definitiva, múltiples las incógnitas que se abren y que requerirán de análisis posteriores para ser esclarecidas. Por lo pronto, el cimbronazo bonaerense y los demás fenómenos señalados han moldeado la propia campaña política: un Presidente que ya no enarbola públicamente la “motosierra” sino el megáfono (acaso exhibiendo la dificultad que tiene para comunicarse “cara a cara” con la población, más allá de las redes sociales) y prácticamente todas las fuerzas políticas haciendo esfuerzos para explicarle a una ciudadanía que no desborda de entusiasmo cívico, que el 26-O se encontrarán con un nuevo instrumento de votación (24 BUP, una por distrito) y en qué lugar del mismo se ubican los candidatos de cada agrupación política. Puesto que en cada elección se expresa el soberano, evocamos aquellas palabras de Roque Sáenz Peña hace más de un siglo y que jalonaron la historia político-electoral de la Argentina: “Quiera el pueblo votar”.    

 

(*) Politólogo, Universidad Nacional de San Martín-Universidad Nacional de Rosario.

(**) Politólogo, Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Nota:

1: Distribución del gasto electoral en 2023

 

Fuente: Infobae (3/06/2023)