La tensión del peronismo bonaerense y la política electoral

 

Por Franco Della Vella (*) y Aníbal Torres (**)

“Y ambos salieron del café, encaminándose al atrio de la iglesia, donde iban a practicarse las elecciones más sonadas del entonces borrascoso Pago Chico”

(En Roberto J. Payró, "Pago Chico", 1938)

El manejo discrecional de los calendarios electorales es prácticamente una constante que atraviesa la historia reciente de la Argentina. Desde la recuperación democrática en 1983, y sobre todo a partir de la Reforma Constitucional de 1994, se ha profundizado la “segmentación estratégica” en pos de la maximización electoral de los candidatos (Oliveros y Scherlis, 2004; Alles, 2011). ¿A qué se debe esto? Desde el punto de vista del diseño institucional, en el federalismo electoral acentuado de nuestro país los Gobernadores tienen, entre sus atribuciones, la facultad de decidir (con mayor o menor margen de maniobra, según las Constituciones Provinciales) sobre la posibilidad de realizar los comicios para las categorías provinciales y locales de manera desdoblada o concurrente con las elecciones nacionales. La convocatoria de estas últimas las realiza el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). 

Como sabemos, las instituciones no operan en el vacío, puesto que interactúan con los actores, que a su vez tienen preferencias e incentivos concretos para usarlas en un sentido o en otro. En términos de una democracia de partidos como la argentina, el supuesto básico es que cada agrupación política quiere tener un buen desempeño en las urnas. Si se refina un poco el argumento, se deben introducir no sólo las lecturas sobre los resultados sino, a partir de los mismos, la capacidad de proyectarse de un nivel de gobierno a otro, máxime si no se tiene la posibilidad de una reelección. Estos breves señalamientos ayudan a comprender, por un lado, por qué el oficialismo nacional y sus aliados impulsaron la suspensión de las PASO por este año, más allá de patear para adelante la constatación en las urnas del humor social, presumiblemente adverso, luego de un feroz plan de ajuste. Por otro lado, por qué en un distrito tan particular como la provincia de Buenos Aires (PBA), llevamos semanas asistiendo a un enfrentamiento entre facciones de lo que se consideraba, hasta no hace mucho tiempo, un mismo espacio político.

Al parecer, la denominada “madre de todas las batallas” electorales en la Argentina, en alusión al escenario bonaerense, tiene en las deliberaciones sobre el calendario electoral provincial, una de sus escaramuzas más significativas. Más allá de los argumentos esgrimidos para el público (el resguardo de la PBA del controversial proceso libertario que lidera el presidente Javier Milei), es un secreto a voces que la interna peronista tenía una de sus expresiones más rutilantes en las pujas por el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses o la concurrencia de las mismas con las elecciones legislativas nacionales.    

En lo que sigue, nos proponemos analizar estos aspectos desde su inserción en el comportamiento político y electoral al interior de diferentes líneas del peronismo de PBA. Al finalizar incluimos unas reflexiones sobre el impacto que cabe esperar sobre la administración electoral bonaerense, a partir de lo decidido por el Ejecutivo Provincial.   

         

Algo más que una mera decisión administrativa

El pasado lunes 7 de abril por la tarde, Axel Kicillof anunció en conferencia de prensa la decisión de desdoblar los comicios bonaerenses, algo inédito en la historia institucional de la provincia, desde 1983. A tal efecto, el Gobernador emitió un decreto, de acuerdo a las atribuciones que le confiere la Constitución Provincial, convocando a la ciudadanía para el domingo 7 de septiembre, más de un mes antes de las elecciones legislativas nacionales. Los argumentos esgrimidos ante la opinión pública cargaron las tintas sobre lo engorroso que sería, en términos logísticos, la concurrencia electoral. Es decir, Kicillof expresó que para las y los bonaerenses votar en un mismo día con dos sistemas distintos (la Boleta Única en Papel a nivel nacional y la boleta partidaria a nivel provincial) resulta en extremo complejo, riesgoso y lento. Hubo también lugar para la explicación de las motivaciones políticas de la medida adoptada: básicamente, la búsqueda de proteger a la provincia de la motosierra libertaria, apelando incluso al “lunes negro” que vivieron los mercados internacionales tras la política arancelaria del Presidente Donald Trump y cómo el Gobierno Nacional no protege el mercado interno. Muy escuetamente se aludió a la cuestión de “las internas”, pero para decir seguidamente que no era ese ni el momento ni el lugar de hablar de eso. Pues bien, según entendemos, si no echamos un vistazo justamente a esas disputas internas, nos faltaría -acaso- uno de los principales factores que incidieron en la decisión que tomó el Gobernador. 

El enfrentamiento por el calendario electoral de la PBA resultó ser un catalizador de las pugnas al interior del peronismo bonaerense, entre aquellos sectores políticos y sociales que respaldan la postura del desdoblamiento motorizada por el gobernador Kicillof, y quienes hacen lo suyo con la concurrencia propuesta por Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y la organización comandada por Máximo Kirchner, “La Cámpora”. La disputa pareciera ir mucho más allá de una simple fecha electoral. Reversionando a James Carville, It’s the power of peronism, stupid.

Una cuestión que permeó esta discusión se relaciona, como dijimos, con la incorporación del nuevo instrumento de votación para cargos nacionales. La implementación de la Boleta Única en Papel (BUP), sancionada mediante la Ley 27.781 modificatoria del Código Electoral Nacional (CEN), y reglamentada mediante el Decreto 1049/2024 del PEN, supondrá que la elección legislativa en PBA, como en el resto de las provincias, se configure de una manera totalmente diferente a lo conocido hasta ahora. Algo no menor de esta reforma nacional desde el punto de vista de la gobernanza electoral, es que vuelve técnicamente más apropiado hablar de “concurrencia” -por la coexistencia de formas de emisión del sufragio diferentes pero “en la misma fecha y en el mismo local”- que del tradicional término de “simultaneidad”, según el régimen establecido por la Ley 15.262 de 1959, modificada en sus artículos 1° y 4° por los impulsores de la referida Ley 27.781.

Más allá de la fecha de los comicios, mediante la BUP, en la PBA se elegirán treinta y cinco (35) diputados nacionales en un solo “trozo de papel” que contendrá la totalidad de la oferta electoral bonaerense. Por otro lado, con la tradicional lista sábana se elegirán cuarenta y seis (46) diputados provinciales y veintitrés (23) senadores, pero su presentación será en (8) ofertas electorales seccionales distintas (una diferente por cada sección electoral). A nivel municipal también se votará con la lista sábana y en ciento treinta y cinco (135) distritos. Así entonces, con la incorporación de la BUP se presenta la particularidad de un “desenganche” entre categorías, anulando el efecto arrastre desde las categorías nacionales a las seccionales y viceversa. En resumidas cuentas, en toda la PBA se votarán cargos con la misma BUP pero con ocho listas seccionales diferentes con la lista sábana tradicional. Configurado así, el arrastre electoral sólo podrá existir desde aquellas listas seccionales hacia las municipales y/o en sentido contrario.

Estas particularidades podrían entrañar efectos considerables sobre la dinámica del comportamiento político y electoral bonaerense y por eso la espuma política fue escalando según se definiera la concurrencia o el desdoblamiento, puesto que presuponen diferentes posturas tanto en el “kicillofismo” como en el “cristinismo”. En efecto, desde el Gobierno Provincial se sostiene la necesidad de desdoblar la elección por dos grandes motivos, uno político y otro técnico, según adelantamos: a) en la línea de las posibilidades que brinda el federalismo electoral argentino, se pretende “segmentar” la elección para discutir una agenda bonaerense con sus respectivos issues (temas); es decir, provincializar la campaña (aunque subiendo al “ring” al Presidente Javier Milei, según lo comentado en la última conferencia de prensa del Gobernador) y b) en segundo lugar, se sostiene la idea de que la combinación de la BUP para cargos nacionales y la lista sábana XS para cargos locales (la concurrencia) introduciría un caos en el sistema electoral bonaerense, con demoras y confusiones en la emisión del voto (similar a CABA en 2023). En la otra vera del río, desde el “cristinismo” planteaba: a) la necesidad de unificar el calendario para discutir al Gobierno Nacional de Javier Milei desde la PBA y así maximizar los resultados electorales; o sea, nacionalizar la elección y b) evitar que los intendentes le “saquen el cuerpo” a la elección legislativa nacional una vez asegurada la elección seccional y municipal en caso de desdoblamiento.

Retomando el primer argumento del “kicillofismo” (a), destacamos la dificultad que supondría provincializar la política de un distrito que se encuentra intrínsecamente vinculado al destino nacional en materia demográfica, electoral, productiva, económica y financiera. Construir un “cordobesismo” o una “neuquinidad” en PBA pareciera extremadamente complejo, además de poco y nada tiene que ver con la historia política y electoral de la provincia. No obstante, pese al desdoblamiento, no sería imposible discutir con el Gobierno Nacional desde la PBA, abundan elementos para ello. Sobre el segundo argumento (b) resaltamos su precisión técnica e instamos a prestarle atención a la introducción de un posible caos en un sistema que funciona sin sobresaltos desde hace más de cuarenta años. El primer argumento del “cristinismo” (a) puede parecer pertinente desde la estrategia electoral pero hace caso omiso a una constante de las dos últimas décadas: con esa misma estrategia, hace exactamente veinte (20) años que, en sus múltiples versiones, el peronismo-kirchnerismo no gana una elección de medio término en la PBA. La última, casualmente, fue Cristina contra Hilda “Chiche” Duhalde en 2005.

Sin embargo, más allá de lo técnicamente viable o políticamente deseable, una discusión subterránea atraviesa los diferentes argumentos públicos de los actores: el armado de listas provinciales, seccionales y municipales. Situándonos en el desdoblamiento, la gestión del proceso electoral y el armado de listas seccionales y municipales empoderaría al gobernador Kicillof y a los casi cincuenta intendentes que lo respaldan (según el comunicado del 28/3/25). Como resultado, podría representar mayor poder propio en la Legislatura bonaerense y autonomía respecto del “cristinismo” y/o el “massismo”, indispensable en un contexto de falta de Presupuesto, Ley Impositiva y Endeudamiento; en este sentido, no es descabellado que un Gobernador pretenda ser profeta en su tierra; como ha dicho el poeta español Antonio Machado, “si no haces política alguien la hace por vos”. Mirándolo así, los intendentes se verían favorecidos al integrar esas listas con sus alfiles, últimamente muy relegados por “La Cámpora”, y también fortalecerían el control de “la lapicera” en sus distritos. Sí, “territorialización de la política” por donde se lo mire (Cf. Calvo y Escolar, 2005).

Ahora bien, esta postura choca de frente con los intereses del “cristinismo”, fenómeno político de gran clamor popular pero cada vez más georreferenciado electoralmente con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Con esto nos referimos no solo a la disputa de poder por el armado de listas, sino a quién es profeta en la compleja PBA, como mencionamos anteriormente. Si el gobernador Kicillof, hijo político y para muchos delfín de la ex Presidenta, quiere construir un proyecto de poder no heterónomo y ser jefe, podríamos decir que camina en la delgada cuerda que supone como alternativas, según lo que muchos dirigentes y militantes consideran, el “traicionar” antes o “traicionar” después. Spoiler alert: la “larretización” o “albertización” son dos posibilidades que sobrevuelan esa decisión.

Las EPAOS provinciales (Elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias), de momento aún vigentes y convocadas para el 13 de julio mediante el Decreto 367/2025 del Gobernador (pese a que en la mencionada conferencia de prensa anunció un proyecto de ley para su suspensión, “como hicieron otras provincias del país”), le añaden un condimento adicional a este debate. Es que la ex Presidenta y Sergio Massa advirtieron con antelación que, de concretarse el desdoblamiento, optarán por una entrada estratégica y encabezarían las listas a legisladores bonaerenses por la tercera y primera sección, respectivamente. Si esto sucediera, sería bastante difícil pensar en una interna “sana” o en su derrota. No obstante, si se eliminaran o suspendieran las EPAOS (algo para lo cual el Gobernador pidió un tratamiento lo antes posible en la Legislatura), como piden desde el “kicillofismo” y “cristinismo”, Cristina y Massa también podrían presentarse y, lo que es casi seguro, encolumnar a gran parte del peronismo bonaerense detrás y tener “la lapicera”.

Una tensión que se traslada a la gobernanza electoral

A partir del pasado lunes asistimos a otro capítulo de esta novela de nunca acabar, donde más que discusiones sustantivas de la agenda pública (por ejemplo, cómo resolver los problemas cotidianos de ciudadanos y ciudadanas “de a pie”), asistimos a una tema muy de la vida interna (por no decir “ombliguista”) de la política partidaria.

Por si fuera poco, y dado el carácter estructuralmente endógeno de la gobernanza electoral respecto al sistema de partidos y sus dinámicas (Cf. Escolar, 2010), lo decidido esta semana por el Gobernador y lo que eventualmente resuelva la Legislatura en cuanto a las EPAOS tendrá un impacto no menor en la administración de los comicios. Como es sabido, la PBA depende históricamente de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral de La Plata (a cargo actualmente del juez Alejo Ramos Padilla) para la organización de sus comicios. Desde 1983 a la fecha, los sucesivos Gobernadores nunca desdoblaron las elecciones, más allá de algunos intentos fallidos. Esto no quita que la provincia tenga una rica historia en materia de organización de elecciones de manera autónoma, pero es algo más propio del siglo XIX y principios del siglo XX.   

A diferencia de lo que ocurre en otras provincias argentinas (como Córdoba, Chaco, Santa Fe, Salta, por mencionar algunas), la Junta Electoral de la provincia no tiene ni la experiencia ni el personal ni los recursos necesarios para la organización de elecciones en el distrito, por lejos, más poblado del país (cerca de un 40% del padrón nacional de electores), más allá de la confección del padrón de extranjeros y la interacción con las agrupaciones políticas que disputan categorías de cargos provinciales y locales. Mientras el desdoblamiento hace caer el peso (y el costo) de la elección en las autoridades provinciales de gobernanza electoral, la concurrencia habilita, al menos, la articulación con los organismos federales respectivos, empezando por la Justicia Nacional Electoral (JNE) (Cf. Ley 15.262, Art. 4° -reformado-). Esto no quita que, en cualquier caso, se cuente con formas de cooperación a través, sobre todo, de la Dirección Nacional Electoral (DINE), más allá de que el organismo pasó a depender del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuyo Presidente llegó a pedir la intervención federal de la PBA, a todas luces un disparate institucional.   

En línea con lo señalado, es evidente entonces que las políticas públicas de gobernanza electoral no están ajenas a lo que acontece en el plano político-partidario, más allá de lo que los actores dicen públicamente. Así, una mesa de diálogo político-institucional para un proceso electoral inédito (la elección provincial del 7 de septiembre y, eventualmente, las EPAOS del 13 de julio, de no ser suspendidas), demanda que la política electoral tenga una salida del laberinto por arriba y que así entierre esta historia sin fin y no lleve al límite las capacidades estatales que se tienen. Salida difícil para un movimiento como el peronista, que se caracteriza por sus liderazgos carismáticos y la vocación de poder. Un acuerdo informal que reparta costos y beneficios podría concretarse sin mayores inconvenientes si primara la buena voluntad de las partes en el marco de la compulsa político democrática.  

 

(*) Politólogo, Universidad Nacional de Mar del Plata

(**) Politólogo, Universidad Nacional de San Martín-Universidad Nacional de Rosario