Nuevas formas de desestabilización gubernamental
Por
Cristian Xavier Milici (*)
La
estabilidad política en América Latina ha sido históricamente un tema de
profunda preocupación académica y un desafío constante para la consolidación
democrática. Tras el ciclo de transiciones a la democracia que caracterizó a la
región a finales del siglo XX, el patrón de inestabilidad se ha metamorfoseado,
los tradicionales golpes de Estado militares han sido reemplazados por un
fenómeno que el politólogo Aníbal Pérez-Liñán acertadamente denomina la
"nueva inestabilidad política". Esta nueva dinámica se define por la
interrupción anticipada y forzada del mandato presidencial, pero canalizada a
través de mecanismos de responsabilidad horizontal que, aunque controvertidos o
manipulados, preservan la fachada institucional y evitan el quiebre de iure del
régimen democrático. El dispositivo central en esta lógica de remoción es, sin
duda, el juicio político al presidente, o los instrumentos legislativos
análogos que buscan suplantar su función sancionatoria. (Pérez Liñán, 2008, p.
116).
Este
trabajo se propone analizar y comparar dos casos paradigmáticos de remoción
presidencial en la región sudamericana que, si bien comparten un desenlace
similar a destitución forzada del jefe de Estado revelan trayectorias causales
y usos institucionales divergentes. Los casos a examinar son la caída de Abdalá
Bucaram en Ecuador en 1997 y la de Alberto Fujimori en Perú en 2000. El
objetivo analítico principal es establecer al juicio político (o los mecanismos
de remoción legislativa) como la Variable Dependiente, es decir, el fenómeno
que se busca explicar, y determinar las Variables Independientes que
precipitaron su ocurrencia y definieron su modalidad específica en cada
contexto. (Pérez-Liñán, 2009; Córdova, 2001).
Antes
una breve biografía de los mandatarios para poder introducirnos de lleno en el
tema:
Abdalá
Jaime Bucaram Ortiz (Guayaquil, 1952) es un político y abogado ecuatoriano que
fue Presidente de la República del Ecuador desde el 10 de agosto de 1996 hasta
el 6 de febrero de 1997. Fue destituido por el Congreso Nacional por
"incapacidad mental" sin pruebas médicas que lo sustentaran, en medio
de una profunda crisis política y social. Su carrera pública, marcada por la
controversia, comenzó en 1979 y fue el propulsor y fundador del Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE) en 1982.
El
estilo político de Bucaram, continuador del populismo roldosista, se
caracterizó por su agresividad, la descalificación de opositores y un discurso
de confrontación que apelaba directamente a las tradiciones y valores
populares, identificándose con los pobres del país. Adoptó la imagen del
"Loco que Ama" para diferenciarse de las clases altas, mezclando su
show-político con un sentido del humor y una intencional falta de "buenos
modales".
Durante
su carrera política, la música tropical y las presentaciones musicales fueron
un elemento central de sus campañas. Bucaram usó la locura de cantar y se
dedicó a la música, incluso grabando un disco y cantando con artistas, para
buscar entretener y conectar emocionalmente con sus seguidores, presentando sus
eventos como un concierto-político.
En
su corto mandato, tuvo planes con nombres llamativos, como el Abdalafono y el
plan Abdalagua (plan un solo toque). Este último, relacionado con el aumento
del costo de servicios básicos como el agua potable, fue parte de un plan
económico neoliberal que generó fuertes protestas y su posterior destitución.
Aunque su retórica era populista y de fuerte contenido social, en el poder
Bucaram se inclinó por políticas neoliberales, causando un gran descontento
popular y escándalos de corrupción que terminaron con su remoción del cargo.
(De la Torre, 1997, Burbano de Lara, 1996).
Alberto
Kenya Fujimori Fujimori (Lima, 1938-2024) fue un ingeniero agrónomo y político
peruano que gobernó el Perú como Presidente de la República desde 1990 hasta el
año 2000. Su carrera, inicialmente académica, escaló rápidamente hasta culminar
en un régimen autoritario marcado por el combate al terrorismo, la estabilidad
económica, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos.
Antes
de su ingreso a la política, Fujimori tuvo una destacada trayectoria académica.
Estudió en Perú, Francia y Estados Unidos, y se convirtió en rector de la
Universidad Nacional Agraria La Molina en 1984, y luego en presidente de la
Asamblea Nacional de Rectores.
En
ese contexto universitario, su perfil técnico y agrario lo acercó al ámbito
político. En el inicio del primer gobierno de Alan García (1985-1990), Fujimori
formó parte de un grupo de asesores que lo aconsejaba en asuntos agrícolas.
Esta relación fue lo suficientemente cercana como para que García lo propusiera
como conductor de un programa de televisión estatal y, posteriormente, le
ofreciera el Ministerio de Agricultura, cargo que Fujimori no aceptó.
Sobre
su paso como docente y rector de la Universidad Agraria pesó la posibilidad de
una acusación por evasión de impuestos en la venta subvaluada de casas, un
conflicto que ya marcaba una sombra de ilegalidad en su vida pública antes de
ser presidente. (García Montero, 2003).[1]
El
Juicio Político como Variable Dependiente
Entender
el juicio político como Variable Dependiente implica que su activación, su
manipulación o su sustitución por una vía alternativa son el resultado de una
compleja interacción de factores políticos, sociales e institucionales. La
pregunta central no es solo si el presidente cae, sino por qué la caída se
resuelve institucionalmente de esa manera específica. La Variable Dependiente
abarca el espectro de la acción legislativa dirigida a la remoción del
Ejecutivo, manifestándose en tres formas principales en la región, el
impeachment formal, la "vacancia por incapacidad moral", o la
destitución por "incapacidad física o mental". Estos procedimientos
son los instrumentos formales a través de los cuales el Congreso traduce una
crisis política en una sentencia institucional. En este estudio comparado, se
operacionaliza en dos desenlaces distintos que, no obstante, apuntan al mismo
objetivo:
1.
Elusión/Sustitución del Juicio
Político (Caso Bucaram): El Congreso desestima la vía formal y rigurosa del
impeachment para recurrir a un atajo legal, la declaración de "incapacidad
mental", demostrando la plasticidad y la capacidad de manipulación del marco
constitucional bajo intensa presión política.
2.
Activación de la Vacancia como
Castigo (Caso Fujimori): El Congreso invoca la figura de la "vacancia por
incapacidad moral" como una respuesta sancionatoria a la huida y la
renuncia del presidente, rechazando su dimisión para asentar la responsabilidad
política por el quiebre institucional. (Pérez-Liñán, 2009, p. 45).
La elección de una u otra modalidad, la velocidad de su activación y su legitimidad percibida están directamente influenciadas por las Variables Independientes que contextualizan y detonan la crisis.
Variables
Independientes: Las Causas de la Crisis
La
explicación de por qué el juicio político se activa y toma una forma particular
en Perú y Ecuador debe buscarse en la convergencia de causas profundas y
catalizadores coyunturales, las cuales constituyen nuestras Variables
Independientes. Estas variables se agrupan en tres ejes que, según la
literatura sobre el tema, son esenciales para comprender la nueva
inestabilidad. (Pérez Liñán, 2008).
Escándalos: Corrupción Presidencial y Quiebre de Legalidad
Esta
es la causa más común y universalmente aceptada para la remoción presidencial.
La corrupción no solo implica el desvío de recursos, sino la erosión de la
legitimidad moral del Ejecutivo, proveyendo la justificación legal y probatoria
para la acción del Legislativo.
En
el caso de Abdalá Bucaram, se centró en las contundentes acusaciones de
corrupción y nepotismo en su corta administración, que rápidamente polarizaron
a la sociedad y al establishment político. La percepción de un manejo irregular
y arbitrario del erario público se consolidó como el motor moral del
descontento. (Córdova, 2001, p. 88, De la Torre, 1997).
En
el de Alberto Fujimori, fue de naturaleza más grave y sistémica, la revelación
del "Vladivideo" expuso una red de corrupción y cooptación
institucional a gran escala, orquestada por su asesor Vladimiro Montesinos, que
no solo afectaba las finanzas, sino la estructura democrática misma. El quiebre
no fue solo económico, sino de la legalidad constitucional fundamental. (García
Montero, 2001, p. 55).
Escudo legislativo: Crisis de Gobernabilidad y Legitimidad de Origen
Esta
variable se refiere al deterioro de las condiciones políticas, económicas y de
apoyo popular que minan la capacidad del presidente para ejercer el poder,
haciendo que su permanencia sea insostenible. (Pérez-Liñán, 2009).
Bucaram
enfrentó una crisis de ingobernabilidad casi inmediata. Su estilo de liderazgo
populista y errático, sumado a la imposición de un impopular plan de ajuste
económico (el "Plan de Convertibilidad"), políticas neoliberales con
la asesoría del economista argentino Domingo Cavallo, lo que incluyó el aumento
de los costos de servicios básicos y causó un gran descontento popular, generó
un rechazo rápido y transversal que lo dejó sin capital político a solo meses
de asumir el cargo. El impeachment fue una solución a una emergencia de
gestión. (Burbano de Lara, 1996).
La
destitución del presidente se produjo el 6 de febrero de 1997, no por juicio
político (que requiere dos tercios y un proceso), sino por la declaración de
"incapacidad física o mental" para gobernar, invocando el artículo
100 de la Constitución de 1979. (Córdova, 2001).
El
Congreso ecuatoriano, aprovechando la ambigüedad de la cláusula constitucional,
utilizó este atajo para:
Reducir
los Requisitos de Mayoría: Se logró la remoción con una mayoría simple, más
fácil de alcanzar.
Evitar
el Proceso Probatorio: La destitución se basó en un "juicio de valor
político" sobre su aptitud e inmoralidad, sin necesidad de pruebas médicas
o un proceso formal por corrupción.
El
Acto de Remoción Legislativa Forzada en Ecuador fue, por lo tanto, la elusión
del Juicio Político, confirmando la tesis de que una crisis de ingobernabilidad
inmediata y movilización urgente impone la necesidad de un atípico desvío
constitucional para lograr la remoción. Este "golpe legislativo"
resolvió la crisis política a expensas de la rigurosidad legal. (Córdova, 2001,
Arcos Cabrera, 1997, Polga-Hembree, 2007).
Fujimori
operó desde una posición de autoritarismo consolidado tras el autogolpe de
1992, pero su crisis final fue una crisis terminal de legitimidad
institucional. La revelación de la corrupción sistémica demostró que su mandato
no se sustentaba en la ley, sino en el control ilegal del Estado, lo que obligó
a la oposición a buscar una restauración democrática.
Aunque
Fujimori gozaba de un control legislativo significativo, el impacto del
Vladivideo fue tan devastador que su coalición se disolvió en horas. La pérdida
de apoyo y las deserciones clave anularon de inmediato su "escudo
legislativo", dándole a la oposición el quórum necesario para rechazar su
renuncia y, en su lugar, destituirlo por incapacidad moral. (Villalobos, 2007).
La
salida del mandatario en noviembre de 2000 representa el caso opuesto: una
crisis de legalidad sistémica que, ante la huida del líder, exige que el Juicio
Político se manifieste como un acto de sanción moral y restauración
democrática. Fujimori optó por la huida. Desde Japón, envió su renuncia por
fax, buscando controlar los términos de su salida y eludir el juicio político,
esperando que el Congreso simplemente aceptara su dimisión. (García Montero,
2001).
Protestas:
Movilización Social Masiva y Presión de la Oposición
La
capacidad del pueblo y de los actores clave (gremios, empresarios, medios de
comunicación) para generar una presión sostenida y masiva es el catalizador que
convierte las crisis de corrupción y de gobernabilidad en acciones
institucionales concretas.
En
Ecuador, la movilización social fue explosiva y determinante, con paros
nacionales y manifestaciones que paralizaron el país. Esta presión fue la que
obligó al Congreso a actuar con extrema rapidez, favoreciendo el atajo de la
"incapacidad mental" para evitar un juicio político más prolongado
que no satisfaría la demanda popular de una remoción inmediata. (Córdova, 2001,
Arcos Cabrera, 1997).
En
Perú, la presión de la oposición y el clamor por el fin del régimen, tras los
"Vladivideo", crearon las condiciones para que el Congreso se uniera
y actuara. La inminencia de un juicio político con altas probabilidades de
éxito, sumada a la presión social por la verdad y la justicia. (Bazán Naveda,
2000).
El
escándalo estalló en un contexto de intensa movilización popular preexistente, como
la Marcha de los Cuatro Suyos, que ya repudiaba su tercer mandato. La
indignación generalizada posterior al video legitimó y exigió la destitución
del Congreso, consolidando el apoyo a la acción legislativa. Fue lo que obligó
a Fujimori a tomar la drástica decisión de huir del país y renunciar. (García
Montero, 2001).
El
rol de las "coaliciones callejeras" fue determinante. En ambos casos,
la movilización impuso el clima en el que el Congreso se sintió legitimado para
actuar. Sin la presión masiva en las calles, la oposición legislativa no habría
tenido la fuerza política para asumir el riesgo de remover a los presidentes
electos. Esto subraya que la variable dependiente del Juicio Político no es
activada por el Congreso solo, sino por la coalición entre la élite
parlamentaria y la protesta popular. (Godoy, 2021)
Rol de las fuerzas armadas: Del apoyo absoluto a la nada
En
el Ecuador adoptaron una postura de “Neutralidad Institucional”, es decir que
las Fuerzas Armadas no intervinieron activamente para derrocar al presidente ni
tampoco para defenderlo. (Polga-Hembree, 2007).
El
martes 4 de febrero, en el contexto de una creciente agitación social en
Ecuador, el presidente Abdalá Bucaram fue homenajeado por el Comando Conjunto
con motivo de su cuadragésimo quinto cumpleaños.
El
evento central fue un almuerzo en el Club Naval de Guayaquil, donde recibió
regalos, incluido una espada del general Moncayo como símbolo de la defensa
democrática. Bucaram, quien notó el afecto del pueblo en el trayecto, percibió
este almuerzo como una "última cena" cristiana, pues Moncayo, quien
ese día le profesó respaldo, lo traicionaría al retirarle el apoyo de las
Fuerzas Armadas pocos días después. La vicepresidenta Rosalía Arteaga no
asistió al acto, prefiriendo quedarse en Quito ante la crisis; al comunicarse
para excusarse, fue informada de que el presidente sería trasladado por
militares a Carondelet para la jornada de paro del día siguiente.
Esa
misma noche, Bucaram pasó por primera vez la noche en el Palacio de Carondelet,
un hecho tan sorpresivo que las manifestantes en su contra se concentraron en
su residencia habitual, el Hotel Crowne Plaza. Desde Quito, aproximadamente a
las nueve, el mandatario se dirigió a la Nación en cadena de radio y
televisión. En su discurso, aseguró que se respetarían los derechos
constitucionales, condenó los intentos golpistas de la oposición y anunció la
suspensión de medidas impopulares (como el alza mensual de combustibles y
juicios por coactiva). Lo más relevante fue su propuesta de una reforma estatal
profunda y la convocatoria a un "gran diálogo nacional" para
solucionar la crisis política, aunque su mandato terminaría apenas dos días
después, el 6 de febrero de 1997.
Al
mantenerse al margen o asumir una postura de respeto a la legalidad congresal,
aseguraron que la crisis se resolviera a través de un mecanismo
político/institucional, confirmando el patrón de la "nueva
inestabilidad" sin golpe militar. (Pazmiño Castro, 2004)
En
cambio, en Perú el gobierno de Alberto Fujimori constituía su poder político en
base a una alianza con su asesor Montesinos y la cúpula militar. Tras el
escándalo, la retirada del apoyo de estos actores fue fundamental. (Bazán
Naveda, 2000).
El
colapso del apoyo militar a Fujimori fue desencadenado por la difusión del
primer “vladivideo” en septiembre de 2000. Este escándalo, que mostró a
su asesor Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista, no solo destruyó la
legitimidad del régimen, sino que minó su principal soporte: las Fuerzas
Armadas. El intento fallido de Fujimori de capturar a Montesinos reveló la
profundidad de la red de poder de su asesor dentro del Estado y las FFAA. Con
la caída de Montesinos, la red de obediencia basada en la corrupción y el
chantaje dentro de la cúpula militar se desmoronó, dejando a los altos mandos
sin su operador político ni su fuente de ingresos ilícitos y generando una
profunda pérdida de cohesión. Esta pérdida de control se hizo evidente en
octubre de 2000 con el levantamiento del comandante Ollanta Humala en Locumba.
Aunque la rebelión fue pequeña, su significado simbólico fue decisivo, al exigir
abiertamente la renuncia de Fujimori. La rebelión, al no haber sido aplacada,
demostró que la cadena de mando estaba rota y que el presidente ya no tenía la
autoridad para movilizar incondicionalmente a las tropas. La combinación de la
insubordinación militar, la presión social masiva y la falta de apoyo de una
cúpula militar desestructurada forzó a Fujimori a abandonar el poder, sellando
el fin de su régimen. (Godoy, 2021)
Al
no intervenir en defensa del mandatario ni alzarse con la toma del poder, las
Fuerzas Armadas permitieron que la crisis se canalizara y resolviera por el
mecanismo constitucional de destitución. (Manrique, 2016).
Reflexiones
finales
El
caso Bucaram demuestra que cuando la ingobernabilidad se vuelve una emergencia
social por la presión de la movilización urgente, el Juicio Político se
considera una herramienta inadecuada. La necesidad de desactivar la crisis
inmediatamente obliga a la élite a recurrir a cláusulas de escape, como la
"incapacidad mental", que requieren menor consenso y tiempo. La
Variable Dependiente se manifiesta como una herramienta de gestión de crisis,
priorizando la estabilidad sobre el debido proceso. La remoción fue un acto de
salvaguarda del orden, aunque a costa de la legalidad estricta.
El
de Fujimori, en cambio, ilustra que cuando la corrupción y el quiebre de
legalidad son de naturaleza sistémica y autocrática, el juicio político debe
manifestarse como un acto de sanción política y moral. El rechazo de la
renuncia y la votación de la vacancia por "incapacidad moral" fue la
respuesta necesaria a la huida y al intento de evadir la justicia. La Variable
Dependiente se utilizó aquí para cumplir la función de restauración democrática
exigida por la Movilización de Restauración. El juicio político, en su forma de
vacancia, se convirtió en una herramienta de condena histórica, no solo de
remoción.
Los
casos Bucaram y Fujimori revelan la adaptabilidad de las instituciones
presidenciales latinoamericanas. La Constitución no es un simple código rígido,
sino un "terreno de batalla" en el que las élites interpretan y
manipulan las cláusulas de remoción según el cálculo estratégico y el
imperativo de la calle. La "incapacidad mental" en Ecuador y la
"incapacidad moral" en Perú demuestran que las causales de juicio
político pueden ser transformadas en "juicios de valor político" que
se activan con mayor facilidad que un proceso de impeachment por delitos
probados. (Pérez-Liñán,2008, 2009; Córdova, 2001; García Montero, 2001).
Conclusión
La
comparación de estos casos nos permite ver que la forma en que se resuelve una
crisis presidencial (la Variable Dependiente, el juicio político) está
íntimamente ligada a la naturaleza de las causas que la originan (las Variables
Independientes). El juicio político, como institución, es flexible, puede ser
eludido para responder a una crisis de ingobernabilidad rápida (Bucaram), o
puede ser activado o amenazado para responder a una crisis de legalidad
profunda y sistémica (Fujimori) (Pérez-Liñán, 2008, 2009).
El desarrollo de este texto a futuro profundizará en la interacción de estas variables, examinando cómo las disposiciones constitucionales de cada país y el cálculo estratégico de los actores legislativos terminaron de moldear el desenlace final de la remoción en Perú y Ecuador. Este trabajo espera contribuir a ese entendimiento, al establecer la causalidad precisa entre la naturaleza de la ilegalidad presidencial, la velocidad de la crisis social y la elección estratégica del mecanismo institucional de destitución en los casos de Abdalá Bucaram y Alberto Fujimori. (Pérez-Liñán, 2008, 2009; Córdova, 2001; García Montero, 2001).
(*) Pontificia Universidad Católica Argentina.
Bibliografía
Ecuador:
Córdova,
G. (2001). Retórica periodística para un golpe de Estado: Del derrocamiento de
Jamil Mahuad al de Abdalá Bucaram [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón
Bolívar]. Repositorio institucional.
Arcos
Cabrera, C. (1997). A propósito de la caída de Bucaram ¿Crisis en democracia o
democracia en crisis? Íconos - Revista De Ciencias Sociales (FLACSO), (3),
108–117.
Pazmiño
Castro, L. (2004). El papel de las Fuerzas Armadas en las crisis de febrero de
1997 y enero de 2000 [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador].
De
la Torre, C. (1997). Abdalá es el repugnante otro. Íconos - Revista De Ciencias
Sociales (FLACSO), (3), 118–127.
Burbano
de Lara, F. (1996). Ecuador. El bucaramismo en el poder. Nueva Sociedad, (146),
6–1.
Polga-Hembree,
K. (2007). La institución política informal de la destitución presidencial en
el Ecuador: Un análisis institucionalista (1997-2005) [Tesis de maestría o
doctorado, Universidad Andina Simón Bolívar]. Repositorio Digital.
Perú:
García
Montero, M. (2001). La década de Fujimori: Ascenso, mantenimiento y caída de un
líder antipolítico. América Latina Hoy, (28), 49–86.
Manrique,
N. (2016). Achoramiento y corrupción en el Perú contemporáneo.
Bazán
Naveda, C. (2000). Corrupción, Estado de Derecho y Poder Judicial en el Perú:
Reflexiones a propósito de un “vladivideo”.
Villalobos,
J. M. (2007). Neoliberalismo y genocidio en el régimen fujimorista. Anuario de
Derechos Humanos, (3), 133–152.
Godoy,
J. A. (2021). El último dictador: Vida y gobierno de Alberto Fujimori. Debate.
Bibliografía
General
Pérez
Liñán, A. (2008). Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política:
perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales. América Latina Hoy, 49,
105–126.
Pérez-Liñán,
A. (2009). Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en
América Latina. Fondo de Cultura Económica.
ResearchRabbit
Podcast
(NotebookLM)
Timeline
[1] El quiebre de su
matrimonio con la entonces primera dama, Susana Higuchi, se convirtió en un
gran escándalo político y personal en 1992. La separación inició cuando Higuchi
denunció públicamente a la cuñada y a los hermanos de Fujimori por desvío de
donaciones de ropa. Tras su destitución como primera dama por Fujimori, y el
inicio de un proceso de divorcio contencioso, Higuchi se convirtió en una
crítica feroz de su gobierno y denunció haber sido torturada en los sótanos del
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y el Servicio de Inteligencia del
Ejército (SIE). En 2002, se presentó una acusación formal en el Congreso que
señalaba a Fujimori por la violación de derechos humanos al intentar
presuntamente asesinar a su esposa. Susana Higuchi declaró que fue víctima de
electroshocks y otros maltratos durante su cautiverio en el Palacio de
Gobierno, luego de que Fujimori ordenara cortar el servicio eléctrico en su
vivienda. Keiko Fujimori, la hija mayor, asumió el cargo de primera dama.
Comentarios
Publicar un comentario